Chile carece de una definición legal clara y operativa sobre conceptos clave como residuos mineros masivos, pasivos abandonados o materiales valorizables. Esta carencia impide configurar un marco robusto que habilite la minería secundaria, es decir, aquella orientada a recuperar valor desde los residuos de operaciones mineras. Ello a pesar de esfuerzos que han resultado ser limitados desde la política pública. La Hoja de Ruta Nacional hacia la Economía Circular 2040, elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente y CORFO, establece metas para valorización de residuos mineros. Del mismo modo, la Política Nacional Minera 2050 plantea como meta llegar al cero pasivos abandonados antes de mitad de siglo. Ambos instrumentos -valiosos en su visión estratégica- carecen de fuerza normativa y no cuentan con habilitación legal ni coordinación institucional eficaz para su implementación. Sin modificaciones legales sustantivas, seguirán siendo declaraciones de buenas intenciones. Entonces este déficit normativo configura una zona gris jurídica -o más directamente, un vacío regulatorio operativo- que genera incertidumbre para la industria minera, comunidades, inversionistas e instituciones. Hoy no existen reglas claras para determinar qué residuos pueden ser reaprovechados, establecer quién tiene derecho a intervenir un relave o botadero sin titular, obtener los permisos sanitarios, ambientales y mineros aplicables, y asegurar el acceso seguro y regulado a minerales críticos residuales presentes en pasivos mineros. Según cifras de SERNAGEOMIN, Chile cuenta con más de 5.422 faenas mineras abandonadas o inactivas, muchas sin evaluación de riesgos, monitoreo ambiental activo y sin un responsable jurídico vigente. No existe un régimen legal que permita a terceros -públicos o privados- hacerse cargo de ellos con fines de recuperación, revalorización o remediación ambiental, salvo en condiciones excepcionales y mediante esquemas legales improvisados o forzados. El potencial económico y estratégico de los pasivos valorizables Muchos de estos pasivos contienen remanentes de cobre, oro, molibdeno, tierras raras o litio, algunos incluso con leyes superiores a las que actualmente se explotan. En este contexto, la minería secundaria no es solo una opción ambiental: es una alternativa estratégica de producción, con beneficios económicos, ambientales y sociales. Esta visión ya ha sido incorporada por países como: Perú, que reconoce legalmente los pasivos valorizables en su Ley N°28.271, Canadá, donde provincias como Quebec permiten la reapertura y reprocesamiento de relaves mediante permisos diferenciados y la Unión Europea, que integra la minería secundaria en su estrategia de acceso a materias primas críticas. Chile, en cambio, aún no reconoce ni habilita jurídicamente esta actividad. El resultado es una pérdida de oportunidades de recuperación económica, innovación tecnológica y remediación ambiental. El nuevo Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos y el Instituto de Tecnologías Limpias: dos palancas para el cambio En 2025, el Gobierno creó el Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, con participación de los ministerios de Minería, Energía, Medio Ambiente, Hacienda y Economía y expertos nacionales. Este órgano busca diseñar una política pública integrada para el desarrollo de minerales estratégicos para la transición energética. Si este Comité no incorpora en su agenda la revalorización de pasivos y relaves como fuente de minerales críticos, estará reproduciendo el sesgo tradicional: concentrarse exclusivamente en nuevos yacimientos, sin mirar la oportunidad que ofrece el reprocesamiento responsable de residuos. De igual forma, el recientemente formalizado Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) -con sede en Antofagasta y cofinanciado por CORFO- puede ser el articulador ideal para apoyar con investigación aplicada, pilotos tecnológicos y validación ambiental de iniciativas de minería secundaria. Su involucramiento debe ser estratégico y multisectorial. Hacia una Ley Marco de Pasivos Mineros y Minería Circular Chile requiere avanzar de manera decidida hacia una Ley Marco de Pasivos Mineros y Minería Secundaria, que integre la visión de sostenibilidad, justicia territorial y fomento económico. Esta ley debiera incluir, al menos, los siguientes ejes: Definiciones legales claras sobre pasivos, residuos valorizables y minería secundaria. Clasificación normativa diferenciada por tipo de minería (gran, mediana, pequeña). Creación de un permiso o concesión de aprovechamiento secundario. Fondo Nacional de Remediación y Valorización, con financiamiento público-privado. Gobernanza interinstitucional vinculante, con participación de SERNAGEOMIN, SMA, ITL, gobiernos regionales y comunidad científica. Beneficios tributarios e incentivos para actores que aporten a la remediación y valorización efectiva. Chile debe mirar los pasivos mineros como una palanca de valor futuro, bajo criterios de economía circular, justicia territorial e innovación tecnológica. La minería secundaria bien regulada puede transformarse en una nueva industria nacional, de bajo impacto, alta eficiencia y legitimidad social. Pero para ello necesitamos legislar, coordinar y actuar con sentido de urgencia. Porque en sostenibilidad minera, sin reglas claras, no hay futuro posible. Por: Patricio Cartagena Presidente Centro de Arbitraje y Medicación Minero, CAMMIN
El auge de la energía solar ha sido clave en la transformación energética de Chile, pero junto a este importante avance, existe un riesgo de convertirnos en un cementerio de paneles fotovoltaicos. La contaminación derivada del desecho de paneles solares es un desafío emergente en Chile, dado el aumento exponencial de su uso en proyectos fotovoltaicos, especialmente en el norte del país, donde contamos con la radiación solar más potente a nivel mundial. Con más de 12,5 millones de módulos instalados y una proyección que anticipa 500 mil toneladas de desechos para 2030, con un peak de 120 mil toneladas en 2046, según cifras del informe de RIGK e In-Data, la acumulación de residuos en el norte del país amenaza con transformar el desierto en un basural de alta tecnología. Este desafío, que combina innovación, sostenibilidad y responsabilidad, es una oportunidad para que la academia, la industria y el Estado colaboren en soluciones que cierren el ciclo de vida de la tecnología solar, evitando que un proyecto verde se vuelva un problema medioambiental. Los paneles tienen una vida útil de que rodea los 30 años, y en su composición contienen materiales como silicio, aluminio, vidrio y metales pesados, tales como plomo, cadmio, telurio, que, si no se gestionan adecuadamente, pueden liberar sustancias tóxicas al suelo y agua, afectando ecosistemas y salud humana. La acumulación de estos residuos, especialmente en el desierto de Atacama, representa un riesgo ambiental, ya que no se conoce completamente su degradación natural. Actualmente, Chile enfrenta limitaciones significativas en la gestión de estos residuos debido a la ausencia de una infraestructura robusta de reciclaje. Los paneles desechados a menudo terminan en vertederos o áreas desérticas. En otros países estos desechos son clasificados como desechos peligrosos. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), promulgada en 2016, busca abordar este problema al incluir los paneles solares como productos prioritarios, exigiendo a productores e importadores responsabilidad en la gestión de residuos. Sin embargo, la normativa actual no especifica claramente las acciones de reciclaje o disposición final, dejando la responsabilidad a iniciativas individuales de las empresas, lo que limita su efectividad. Así, es necesario incentivar el proceso de reciclaje de estas tecnologías que están inundando grandes espacios en nuestro desierto. Pese a estas carencias, se están implementando iniciativas para mitigar el impacto ambiental. Algunas propuestas promueven una economía circular, como la “minería urbana”, que busca recuperar materiales valiosos (silicio, aluminio, cobre) de los paneles desechados, con un potencial de generar beneficios económicos de hasta US$29 millones y 6.700 empleos en los primeros años. Además, se están explorando opciones de reutilización de paneles aún funcionales en aplicaciones de menor escala, como alumbrado público o viviendas, aunque la fragilidad de las celdas fotovoltaicas limita esta práctica. Empresas y asociaciones están comenzando a desarrollar procesos de reciclaje que incluyen desmontaje, separación de componentes y tratamiento de materiales tóxicos, pero aún no existen plantas de reciclaje a gran escala en nuestro país. El desarrollo de estas capacidades requiere una colaboración público-privada efectiva, donde el Estado lidere con políticas claras, las empresas inviertan en tecnología, y las universidades aporten conocimiento de frontera. Para fortalecer la gestión de residuos fotovoltaicos, Chile necesita avanzar en políticas públicas más específicas y en la creación de infraestructura especializada. El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en un reglamento para regular el manejo de residuos electrónicos, incluyendo paneles solares, en el marco de la Ley REP, con discusiones previstas para establecer metas de valorización. Sin embargo, aún no es suficiente. Diseñar paneles más reciclables desde su origen es un desafío técnico y ético que debe ser abordado desde la academia y la industria, pensando en una transición justa que no deje pasivos ambientales. Mientras tanto, la educación y concienciación pública sobre la importancia de elegir fabricantes con programas de reciclaje son cruciales para minimizar el impacto ambiental y aprovechar las oportunidades económicas de una gestión sostenible de los desechos solares. Columna de opinión por Eduardo Schott, investigador SERC Chile y académico UC.
Cada año, toneladas de medicamentos vencidos o en desuso terminan en basureros comunes, desagües o simplemente acumulados en cajones de nuestras casas. Aunque parezca una acción inofensiva, esta práctica representa un riesgo real y creciente para la salud pública y el medio ambiente. En el contexto del Día Mundial de la Tierra, es urgente que tomemos conciencia del impacto que generan los residuos farmacéuticos mal gestionados: contaminación del agua, alteración de ecosistemas, exposición accidental de niños o mascotas e incluso el uso indebido de sustancias peligrosas. La eliminación irresponsable de antibióticos, por ejemplo, puede contribuir al grave problema de la resistencia bacteriana, mientras que el descarte de opioides o sedantes plantea riesgos de abuso y adicción. Lamentablemente, en Chile el acceso a programas de devolución de medicamentos sigue siendo limitado. Aunque existen iniciativas valiosas —como los puntos “Desecha Seguro” de algunas farmacias o los “Puntos Celestes” impulsados por municipios— aún falta una política nacional sólida, accesible y ampliamente difundida. En este escenario, desde Grupo Ahona hemos desarrollado el Manual para la Eliminación Segura de Medicamentos No Utilizados, una guía práctica que busca cerrar esta brecha de conocimiento y empoderar a la ciudadanía con herramientas claras y alineadas con estándares internacionales. Nuestro objetivo es simple: prevenir daños y proteger lo que más importa, desde nuestros hogares hasta nuestros recursos naturales. La solución necesita de voluntad colectiva. Requiere de políticas públicas que fomenten más programas de recolección, que las farmacias se sumen activamente, y que las familias incorporen esta práctica como parte del autocuidado cotidiano. Porque eliminar medicamentos correctamente no es solo una cuestión de orden, sino de responsabilidad ambiental y sanitaria. Y hoy, más que nunca, el planeta nos está pidiendo que actuemos.
La contaminación acústica en Antofagasta no es solo un problema ambiental; es una barrera que afecta la calidad de vida de todos, pero especialmente de las personas dentro del espectro autista. Para ellas, el ruido excesivo no es solo una molestia, sino una fuente de estrés y sobrecarga sensorial que dificulta su día a día. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para construir una ciudad más silenciosa e inclusiva? El transporte público es uno de los mayores generadores de ruido en nuestra ciudad. No solo afecta al exterior con sus motores y frenadas estridentes, sino también al interior, donde los niveles de ruido son abrumadores para todos, pero especialmente para las personas con hipersensibilidad auditiva. Esto convierte a los buses en un medio de transporte poco amigable, especialmente para quienes necesitan un ambiente más tranquilo. Afortunadamente, hay avances: la incorporación de buses eléctricos a la flota es un paso importante hacia un transporte más silencioso y sostenible. Pero aún queda mucho por hacer. Es necesario que toda la flota de transporte público de la ciudad y la región pase a la electromovilidad, al fin y al cabo, somos la región donde se extraen los materiales para las baterías que impulsan este tipo de vehículos. Otro ejemplo claro es el paseo del borde costero, un espacio que debería ser un lugar de esparcimiento y conexión con el mar. Sin embargo, la presencia constante de camiones de alto tonelaje, que pueden alcanzar hasta 110 decibeles al frenar, lo convierte en un espacio hostil. ¿Cómo podemos esperar que la costanera sea un lugar amigable si no abordamos este problema de raíz? En el ámbito educacional, la situación no es mejor. Las salas de clases y los establecimientos educativos no están adecuadamente ambientados para generar un ambiente calmo, esencial para la enseñanza y el aprendizaje. El tiempo de reverberación en las aulas suele superar los 1,5 segundos, cuando lo óptimo ronda los 0,5 segundos. Esto no solo afecta a los estudiantes dentro del espectro autista, sino a todos, incluyendo a los profesores, dificultando la entrega de información, la concentración y el rendimiento académico. Sin embargo, hay esperanza. Iniciativas como las impulsadas por la Fundación Minera Escondida y CREO Antofagasta en el Complejo Educativo Juan José Latorre de Mejillones y en la Escuela República de Estados Unidos han demostrado que es posible mejorar estos espacios. En esta última, por ejemplo, se rediseñaron las áreas de esparcimiento para hacerlas más inclusivas, incorporando juegos y áreas verdes que benefician a toda la comunidad escolar. Estos proyectos son un ejemplo de cómo, con voluntad y colaboración, podemos transformar nuestros espacios en lugares más amigables y accesibles para todos. Pero no podemos detenernos aquí. Es urgente que nuestras autoridades empujen y apoyen iniciativas que promuevan una ciudad más silenciosa. Parques, paseos, calles, plazas, escuelas, liceos, colegios y hospitales deben ser diseñados pensando en las necesidades de todos, incluyendo a las personas dentro del espectro autista. Antofagasta tiene la oportunidad de convertirse en un referente de inclusión y sostenibilidad. Para lograrlo, no necesitamos palabras que con el ruido de nuestra ciudad ni se escuchan; necesitamos acciones concretas. Cada paso que demos hacia una ciudad más silenciosa y accesible no solo mejorará la vida de las personas dentro del espectro autista, sino que también nos acercará a una sociedad más consciente, respetuosa y empática. Al parecer como la contaminación acústica en nuestra ciudad es tal, que todas nuestras autoridades que son Alcalde, Gobernador, Senadores, Diputados, Concejales Municipales y Regionales ya quedaron sordos... ¿o solo se estarán haciendo los sordos? Pareciera que no sienten la necesidad de erradicar este grave contaminante y enemigo de todos.
En estos días, a raíz de las voces de distintos expertos en el marco del Día Mundial del Agua, no podemos dejar de destacar el rol que cumplen los glaciares, como reservas fundamentales de agua para el planeta, y la necesidad urgente de su protección. Nuestro país alberga el 76% de los glaciares de Latinoamérica, constituyendo reservas estratégicas de agua y actuando como indicadores del cambio climático. El calentamiento global ha acelerado el derretimiento de los glaciares en todo el mundo. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), desde el año 2000, los glaciares han perdido un promedio de 273.000 millones de toneladas anuales, con una aceleración notable en la última década. Estos gigantes de hielo no solo son fundamentales para el equilibrio de nuestros ecosistemas, sino que también garantizan el suministro de agua potable, sustentan la agricultura y mantienen la biodiversidad. Su acelerado derretimiento, con tendencia a su desaparición, amenaza la seguridad hídrica de millones de personas y podría provocar desastres naturales como deslizamientos de tierra y avalanchas. Chile ha avanzado en la creación de políticas para la protección y conservación de glaciares, reconociendo su valor estratégico. Sin embargo, es crucial fortalecer y aplicar efectivamente estas normativas, asegurando que se priorice la conservación de estos ecosistemas frente a actividades que puedan comprometer su integridad. Para enfrentar esta realidad, es esencial implementar sistemas de monitoreo efectivosque permitan comprender y mitigar el retroceso glaciar. Actualmente, la Dirección Generalde Aguas (DGA) del MOP, de Chile administra una red de 96 estaciones de monitoreo de glaciares. Con una inversión histórica anunciada recientemente, se proyecta aumentaresta red en un 68% para el año 2030, sumando 65 nuevas estaciones. Otros países también han avanzado en la implementación de estaciones de monitoreo glaciar. Bolivia, por ejemplo, ha instalado sensores automáticos en las cuencas glaciar es para elaborar modelos hidrológicos y calcular el balance de masa de cada glaciar. Perú,por su parte, ha inaugurado el primer Centro de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña en Huancayo, en la región de Junín, con el objetivo de generar evidencias sobre el impacto del cambio climático en estos ecosistemas. La comunidad internacional ha reconocido la gravedad de la situación. La ONU ha declarado 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, buscando sensibilizar sobre el peligro que conlleva su desaparición y la necesidad de promover acciones para su protección. Desde Pacto Global, felicitamos a los científicos que trabajan en su estudio y conservación, y hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad chilena a apoyarlos esfuerzos en la protección de nuestros glaciares. Su conservación es esencial paragarantizar un futuro sostenible, preservar nuestra biodiversidad y asegurar el bienestar delas generaciones venideras.
Chile carece de una definición legal clara y operativa sobre conceptos clave como residuos mineros masivos, pasivos abandonados o materiales valorizables. Esta carencia impide configurar un marco robusto que habilite la minería secundaria, es decir, aquella orientada a recuperar valor desde los residuos de operaciones mineras. Ello a pesar de esfuerzos que han resultado ser limitados desde la política pública. La Hoja de Ruta Nacional hacia la Economía Circular 2040, elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente y CORFO, establece metas para valorización de residuos mineros. Del mismo modo, la Política Nacional Minera 2050 plantea como meta llegar al cero pasivos abandonados antes de mitad de siglo. Ambos instrumentos -valiosos en su visión estratégica- carecen de fuerza normativa y no cuentan con habilitación legal ni coordinación institucional eficaz para su implementación. Sin modificaciones legales sustantivas, seguirán siendo declaraciones de buenas intenciones. Entonces este déficit normativo configura una zona gris jurídica -o más directamente, un vacío regulatorio operativo- que genera incertidumbre para la industria minera, comunidades, inversionistas e instituciones. Hoy no existen reglas claras para determinar qué residuos pueden ser reaprovechados, establecer quién tiene derecho a intervenir un relave o botadero sin titular, obtener los permisos sanitarios, ambientales y mineros aplicables, y asegurar el acceso seguro y regulado a minerales críticos residuales presentes en pasivos mineros. Según cifras de SERNAGEOMIN, Chile cuenta con más de 5.422 faenas mineras abandonadas o inactivas, muchas sin evaluación de riesgos, monitoreo ambiental activo y sin un responsable jurídico vigente. No existe un régimen legal que permita a terceros -públicos o privados- hacerse cargo de ellos con fines de recuperación, revalorización o remediación ambiental, salvo en condiciones excepcionales y mediante esquemas legales improvisados o forzados. El potencial económico y estratégico de los pasivos valorizables Muchos de estos pasivos contienen remanentes de cobre, oro, molibdeno, tierras raras o litio, algunos incluso con leyes superiores a las que actualmente se explotan. En este contexto, la minería secundaria no es solo una opción ambiental: es una alternativa estratégica de producción, con beneficios económicos, ambientales y sociales. Esta visión ya ha sido incorporada por países como: Perú, que reconoce legalmente los pasivos valorizables en su Ley N°28.271, Canadá, donde provincias como Quebec permiten la reapertura y reprocesamiento de relaves mediante permisos diferenciados y la Unión Europea, que integra la minería secundaria en su estrategia de acceso a materias primas críticas. Chile, en cambio, aún no reconoce ni habilita jurídicamente esta actividad. El resultado es una pérdida de oportunidades de recuperación económica, innovación tecnológica y remediación ambiental. El nuevo Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos y el Instituto de Tecnologías Limpias: dos palancas para el cambio En 2025, el Gobierno creó el Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, con participación de los ministerios de Minería, Energía, Medio Ambiente, Hacienda y Economía y expertos nacionales. Este órgano busca diseñar una política pública integrada para el desarrollo de minerales estratégicos para la transición energética. Si este Comité no incorpora en su agenda la revalorización de pasivos y relaves como fuente de minerales críticos, estará reproduciendo el sesgo tradicional: concentrarse exclusivamente en nuevos yacimientos, sin mirar la oportunidad que ofrece el reprocesamiento responsable de residuos. De igual forma, el recientemente formalizado Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) -con sede en Antofagasta y cofinanciado por CORFO- puede ser el articulador ideal para apoyar con investigación aplicada, pilotos tecnológicos y validación ambiental de iniciativas de minería secundaria. Su involucramiento debe ser estratégico y multisectorial. Hacia una Ley Marco de Pasivos Mineros y Minería Circular Chile requiere avanzar de manera decidida hacia una Ley Marco de Pasivos Mineros y Minería Secundaria, que integre la visión de sostenibilidad, justicia territorial y fomento económico. Esta ley debiera incluir, al menos, los siguientes ejes: Definiciones legales claras sobre pasivos, residuos valorizables y minería secundaria. Clasificación normativa diferenciada por tipo de minería (gran, mediana, pequeña). Creación de un permiso o concesión de aprovechamiento secundario. Fondo Nacional de Remediación y Valorización, con financiamiento público-privado. Gobernanza interinstitucional vinculante, con participación de SERNAGEOMIN, SMA, ITL, gobiernos regionales y comunidad científica. Beneficios tributarios e incentivos para actores que aporten a la remediación y valorización efectiva. Chile debe mirar los pasivos mineros como una palanca de valor futuro, bajo criterios de economía circular, justicia territorial e innovación tecnológica. La minería secundaria bien regulada puede transformarse en una nueva industria nacional, de bajo impacto, alta eficiencia y legitimidad social. Pero para ello necesitamos legislar, coordinar y actuar con sentido de urgencia. Porque en sostenibilidad minera, sin reglas claras, no hay futuro posible. Por: Patricio Cartagena Presidente Centro de Arbitraje y Medicación Minero, CAMMIN
El auge de la energía solar ha sido clave en la transformación energética de Chile, pero junto a este importante avance, existe un riesgo de convertirnos en un cementerio de paneles fotovoltaicos. La contaminación derivada del desecho de paneles solares es un desafío emergente en Chile, dado el aumento exponencial de su uso en proyectos fotovoltaicos, especialmente en el norte del país, donde contamos con la radiación solar más potente a nivel mundial. Con más de 12,5 millones de módulos instalados y una proyección que anticipa 500 mil toneladas de desechos para 2030, con un peak de 120 mil toneladas en 2046, según cifras del informe de RIGK e In-Data, la acumulación de residuos en el norte del país amenaza con transformar el desierto en un basural de alta tecnología. Este desafío, que combina innovación, sostenibilidad y responsabilidad, es una oportunidad para que la academia, la industria y el Estado colaboren en soluciones que cierren el ciclo de vida de la tecnología solar, evitando que un proyecto verde se vuelva un problema medioambiental. Los paneles tienen una vida útil de que rodea los 30 años, y en su composición contienen materiales como silicio, aluminio, vidrio y metales pesados, tales como plomo, cadmio, telurio, que, si no se gestionan adecuadamente, pueden liberar sustancias tóxicas al suelo y agua, afectando ecosistemas y salud humana. La acumulación de estos residuos, especialmente en el desierto de Atacama, representa un riesgo ambiental, ya que no se conoce completamente su degradación natural. Actualmente, Chile enfrenta limitaciones significativas en la gestión de estos residuos debido a la ausencia de una infraestructura robusta de reciclaje. Los paneles desechados a menudo terminan en vertederos o áreas desérticas. En otros países estos desechos son clasificados como desechos peligrosos. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), promulgada en 2016, busca abordar este problema al incluir los paneles solares como productos prioritarios, exigiendo a productores e importadores responsabilidad en la gestión de residuos. Sin embargo, la normativa actual no especifica claramente las acciones de reciclaje o disposición final, dejando la responsabilidad a iniciativas individuales de las empresas, lo que limita su efectividad. Así, es necesario incentivar el proceso de reciclaje de estas tecnologías que están inundando grandes espacios en nuestro desierto. Pese a estas carencias, se están implementando iniciativas para mitigar el impacto ambiental. Algunas propuestas promueven una economía circular, como la “minería urbana”, que busca recuperar materiales valiosos (silicio, aluminio, cobre) de los paneles desechados, con un potencial de generar beneficios económicos de hasta US$29 millones y 6.700 empleos en los primeros años. Además, se están explorando opciones de reutilización de paneles aún funcionales en aplicaciones de menor escala, como alumbrado público o viviendas, aunque la fragilidad de las celdas fotovoltaicas limita esta práctica. Empresas y asociaciones están comenzando a desarrollar procesos de reciclaje que incluyen desmontaje, separación de componentes y tratamiento de materiales tóxicos, pero aún no existen plantas de reciclaje a gran escala en nuestro país. El desarrollo de estas capacidades requiere una colaboración público-privada efectiva, donde el Estado lidere con políticas claras, las empresas inviertan en tecnología, y las universidades aporten conocimiento de frontera. Para fortalecer la gestión de residuos fotovoltaicos, Chile necesita avanzar en políticas públicas más específicas y en la creación de infraestructura especializada. El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en un reglamento para regular el manejo de residuos electrónicos, incluyendo paneles solares, en el marco de la Ley REP, con discusiones previstas para establecer metas de valorización. Sin embargo, aún no es suficiente. Diseñar paneles más reciclables desde su origen es un desafío técnico y ético que debe ser abordado desde la academia y la industria, pensando en una transición justa que no deje pasivos ambientales. Mientras tanto, la educación y concienciación pública sobre la importancia de elegir fabricantes con programas de reciclaje son cruciales para minimizar el impacto ambiental y aprovechar las oportunidades económicas de una gestión sostenible de los desechos solares. Columna de opinión por Eduardo Schott, investigador SERC Chile y académico UC.
Cada año, toneladas de medicamentos vencidos o en desuso terminan en basureros comunes, desagües o simplemente acumulados en cajones de nuestras casas. Aunque parezca una acción inofensiva, esta práctica representa un riesgo real y creciente para la salud pública y el medio ambiente. En el contexto del Día Mundial de la Tierra, es urgente que tomemos conciencia del impacto que generan los residuos farmacéuticos mal gestionados: contaminación del agua, alteración de ecosistemas, exposición accidental de niños o mascotas e incluso el uso indebido de sustancias peligrosas. La eliminación irresponsable de antibióticos, por ejemplo, puede contribuir al grave problema de la resistencia bacteriana, mientras que el descarte de opioides o sedantes plantea riesgos de abuso y adicción. Lamentablemente, en Chile el acceso a programas de devolución de medicamentos sigue siendo limitado. Aunque existen iniciativas valiosas —como los puntos “Desecha Seguro” de algunas farmacias o los “Puntos Celestes” impulsados por municipios— aún falta una política nacional sólida, accesible y ampliamente difundida. En este escenario, desde Grupo Ahona hemos desarrollado el Manual para la Eliminación Segura de Medicamentos No Utilizados, una guía práctica que busca cerrar esta brecha de conocimiento y empoderar a la ciudadanía con herramientas claras y alineadas con estándares internacionales. Nuestro objetivo es simple: prevenir daños y proteger lo que más importa, desde nuestros hogares hasta nuestros recursos naturales. La solución necesita de voluntad colectiva. Requiere de políticas públicas que fomenten más programas de recolección, que las farmacias se sumen activamente, y que las familias incorporen esta práctica como parte del autocuidado cotidiano. Porque eliminar medicamentos correctamente no es solo una cuestión de orden, sino de responsabilidad ambiental y sanitaria. Y hoy, más que nunca, el planeta nos está pidiendo que actuemos.
La contaminación acústica en Antofagasta no es solo un problema ambiental; es una barrera que afecta la calidad de vida de todos, pero especialmente de las personas dentro del espectro autista. Para ellas, el ruido excesivo no es solo una molestia, sino una fuente de estrés y sobrecarga sensorial que dificulta su día a día. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para construir una ciudad más silenciosa e inclusiva? El transporte público es uno de los mayores generadores de ruido en nuestra ciudad. No solo afecta al exterior con sus motores y frenadas estridentes, sino también al interior, donde los niveles de ruido son abrumadores para todos, pero especialmente para las personas con hipersensibilidad auditiva. Esto convierte a los buses en un medio de transporte poco amigable, especialmente para quienes necesitan un ambiente más tranquilo. Afortunadamente, hay avances: la incorporación de buses eléctricos a la flota es un paso importante hacia un transporte más silencioso y sostenible. Pero aún queda mucho por hacer. Es necesario que toda la flota de transporte público de la ciudad y la región pase a la electromovilidad, al fin y al cabo, somos la región donde se extraen los materiales para las baterías que impulsan este tipo de vehículos. Otro ejemplo claro es el paseo del borde costero, un espacio que debería ser un lugar de esparcimiento y conexión con el mar. Sin embargo, la presencia constante de camiones de alto tonelaje, que pueden alcanzar hasta 110 decibeles al frenar, lo convierte en un espacio hostil. ¿Cómo podemos esperar que la costanera sea un lugar amigable si no abordamos este problema de raíz? En el ámbito educacional, la situación no es mejor. Las salas de clases y los establecimientos educativos no están adecuadamente ambientados para generar un ambiente calmo, esencial para la enseñanza y el aprendizaje. El tiempo de reverberación en las aulas suele superar los 1,5 segundos, cuando lo óptimo ronda los 0,5 segundos. Esto no solo afecta a los estudiantes dentro del espectro autista, sino a todos, incluyendo a los profesores, dificultando la entrega de información, la concentración y el rendimiento académico. Sin embargo, hay esperanza. Iniciativas como las impulsadas por la Fundación Minera Escondida y CREO Antofagasta en el Complejo Educativo Juan José Latorre de Mejillones y en la Escuela República de Estados Unidos han demostrado que es posible mejorar estos espacios. En esta última, por ejemplo, se rediseñaron las áreas de esparcimiento para hacerlas más inclusivas, incorporando juegos y áreas verdes que benefician a toda la comunidad escolar. Estos proyectos son un ejemplo de cómo, con voluntad y colaboración, podemos transformar nuestros espacios en lugares más amigables y accesibles para todos. Pero no podemos detenernos aquí. Es urgente que nuestras autoridades empujen y apoyen iniciativas que promuevan una ciudad más silenciosa. Parques, paseos, calles, plazas, escuelas, liceos, colegios y hospitales deben ser diseñados pensando en las necesidades de todos, incluyendo a las personas dentro del espectro autista. Antofagasta tiene la oportunidad de convertirse en un referente de inclusión y sostenibilidad. Para lograrlo, no necesitamos palabras que con el ruido de nuestra ciudad ni se escuchan; necesitamos acciones concretas. Cada paso que demos hacia una ciudad más silenciosa y accesible no solo mejorará la vida de las personas dentro del espectro autista, sino que también nos acercará a una sociedad más consciente, respetuosa y empática. Al parecer como la contaminación acústica en nuestra ciudad es tal, que todas nuestras autoridades que son Alcalde, Gobernador, Senadores, Diputados, Concejales Municipales y Regionales ya quedaron sordos... ¿o solo se estarán haciendo los sordos? Pareciera que no sienten la necesidad de erradicar este grave contaminante y enemigo de todos.
En estos días, a raíz de las voces de distintos expertos en el marco del Día Mundial del Agua, no podemos dejar de destacar el rol que cumplen los glaciares, como reservas fundamentales de agua para el planeta, y la necesidad urgente de su protección. Nuestro país alberga el 76% de los glaciares de Latinoamérica, constituyendo reservas estratégicas de agua y actuando como indicadores del cambio climático. El calentamiento global ha acelerado el derretimiento de los glaciares en todo el mundo. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), desde el año 2000, los glaciares han perdido un promedio de 273.000 millones de toneladas anuales, con una aceleración notable en la última década. Estos gigantes de hielo no solo son fundamentales para el equilibrio de nuestros ecosistemas, sino que también garantizan el suministro de agua potable, sustentan la agricultura y mantienen la biodiversidad. Su acelerado derretimiento, con tendencia a su desaparición, amenaza la seguridad hídrica de millones de personas y podría provocar desastres naturales como deslizamientos de tierra y avalanchas. Chile ha avanzado en la creación de políticas para la protección y conservación de glaciares, reconociendo su valor estratégico. Sin embargo, es crucial fortalecer y aplicar efectivamente estas normativas, asegurando que se priorice la conservación de estos ecosistemas frente a actividades que puedan comprometer su integridad. Para enfrentar esta realidad, es esencial implementar sistemas de monitoreo efectivosque permitan comprender y mitigar el retroceso glaciar. Actualmente, la Dirección Generalde Aguas (DGA) del MOP, de Chile administra una red de 96 estaciones de monitoreo de glaciares. Con una inversión histórica anunciada recientemente, se proyecta aumentaresta red en un 68% para el año 2030, sumando 65 nuevas estaciones. Otros países también han avanzado en la implementación de estaciones de monitoreo glaciar. Bolivia, por ejemplo, ha instalado sensores automáticos en las cuencas glaciar es para elaborar modelos hidrológicos y calcular el balance de masa de cada glaciar. Perú,por su parte, ha inaugurado el primer Centro de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña en Huancayo, en la región de Junín, con el objetivo de generar evidencias sobre el impacto del cambio climático en estos ecosistemas. La comunidad internacional ha reconocido la gravedad de la situación. La ONU ha declarado 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, buscando sensibilizar sobre el peligro que conlleva su desaparición y la necesidad de promover acciones para su protección. Desde Pacto Global, felicitamos a los científicos que trabajan en su estudio y conservación, y hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad chilena a apoyarlos esfuerzos en la protección de nuestros glaciares. Su conservación es esencial paragarantizar un futuro sostenible, preservar nuestra biodiversidad y asegurar el bienestar delas generaciones venideras.
